El Observatorio de CPR de Canarias celebra la aprobación del Acuerdo de Gobierno en materia de contratación reservada del Gobierno de Canarias recientemente publicado, en cuya fase de propuesta y elaboración ha participado y transmitido las propuestas que, desde la experiencia de 4 años monitorizando licitaciones reservadas, se han ido recogiendo, y que han sido contrastadas a lo largo de un proceso participativo mediante 4 grupos focales en 2025 con diversos órganos de licitación, empresas sociales, y agentes claves del sector público.
Este martes 14 de julio de 2026 se ha publicado en el BOC el Acuerdo por el que se establece el importe mínimo de reserva del derecho a participar en los procedimientos de contratación del sector público a favor de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, Empresas de Inserción y Programas de Empleo protegido para el ejercicio 2027.
Gracias al liderazgo e impulso de la Dirección General de Patrimonio y Contratación, en la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea; con el apoyo de otras consejerías como las de Turismo y Empleo; y Bienestar Social, Igualdad, Juventud e Infancias, se acuerda un Acuerdo de Gobierno articulado a lo largo de 11 puntos, en el que se establece un importe mínimo de reserva de contratos por valor de 2.700.000 euros; los cuales se distribuyen a lo largo de las 12 consejerías y Presidencia del Gobierno.
Se destaca, en contraste con el previo Acuerdo de 2019, que se fija una cuantía en vez de un porcentaje, lo cual facilita la planificación de contratación y seguimiento del Acuerdo. De la misma manera, se desglosa el importe mínimo necesario a lo largo de los diversas consejerías (destacando la Consejería de Sanidad con 1.161.012 euros; Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes con 591.614 euros; o la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad con 133.600 euros).
El ámbito de aplicación del Acuerdo de Gobierno implica a todo el sector público en el que puedan componerse las consejerías, es decir, incluyendo organismos, entidades, sociedades y fundaciones públicas. De la misma manera, el Acuerdo se prorroga automáticamente de manera anual, salvo que actualización del mismo, que podrá realizarse en los primeros seis meses del año.
En el punto segundo del Acuerdo se explicita que la reserva se puede aplicar sobre cualquiera de los objetos contractuales, superando así la confusión del previo Acuerdo de 2019, respecto a si se aplica sobre todos los objetos o únicamente los del Anexo VI de la Ley de Contratos del Sector Público. Dicho reconocimiento recoge las reivindicaciones de las Empresas Sociales, las cuales siempre expresan su capacidad para realizar diversas y diferentes actividades económicas, más allá de la ejecución de servicios tradicionalmente asociados como sea la limpieza, jardinería o residuos.
Como se establece en el punto tercero, las licitaciones se computan anualmente según el importe de las licitaciones publicadas en el mismo año, en base a su Presupuesto Base de Licitación con impuestos, sin que se contabilicen las prórrogas ejecutadas posteriormente. Tampoco computa para alcanzar el objetivo, aquellas subcontrataciones realizadas a Empresas Sociales. Por otra parte, se introduce una novedad importante al limitar el cómputo de los contratos menores, al 25% de la cuantía que cada consejería debe alcanzar.
Con todo ello, el calendario anual insta a que en los primeros 3 meses del ejercicio, todas las consejerías remitan un informe indicando las licitaciones reservadas, la cuantía y el resultado; además que en los primeros 6 meses la Junta Consultiva de Contratación Pública de Canarias, se reúna con la representación del Servicio Canario de Empleo y la Dirección General competente en discapacidad, para evaluar el grado de cumplimiento, pudiendo proponer medidas incentivadoras o una revisión del mismo Acuerdo; como así se expone en los puntos quinto y sexto respectivamente.
En los 3 últimos puntos del Acuerdo de Gobierno, se disponen diversas medidas para facilitar el cumplimiento y adecuar las necesidades tanto del Sector Público como de las Empresas Sociales. Se habilita a la Dirección General competente en Contratación Pública, a dictar cuantas directrices sean precisas para el cumplimiento del Acuerdo (punto séptimo); se priorizará la formación en contratación reservada, por parte del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), a las unidades de contratación de las diversas consejerías (punto octavo); y se implementarán medidas para mejorar la capacitación y profesionalización de las mismas Empresas Sociales, por parte de las Consejerías de Turismo y Empleo, y Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias (punto noveno).
Desde el Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias, queremos trasladar nuestra más sincera enhorabuena y reconocimiento al Director General de Patrimonio y Contratación, don Juan Domingo Cabrera, y a la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, doña Matilde Pastora Asián; así como al resto de consejerías que han apoyado el trámite y aprobación de este nuevo Acuerdo de Gobierno que conjuga a la perfección la necesidad, estrategia y ambición. La contratación pública responsable y reservada es una herramienta la política social con la que desde el sector público se puede revertir las altas tasas de exclusión social con las que convivimos, favoreciendo el desarrollo empresarial y social de empresas que trabajan para la inclusión de personas con discapacidad, como sean los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, o en personas en situación de vulnerabilidad, a través de las Empresas de Inserción.
Por todo ello, instamos al resto del sector público canario, a los 4 de 7 cabildos, y 85 de 88 ayuntamientos de Canarias, que todavía no tienen Acuerdo de Gobierno en materia de contratación reservada, a seguir el ejemplo del Gobierno de Canarias y que puedan apoyarse en los servicios y asesoramiento del Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias, impulsado por Red Anagos.
El Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias es una iniciativa de la Red Anagos, que apoyan ADEICAN y EAPN Canarias, y que financia la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias.