La Dirección General de Patrimonio y Contratación, dependiente de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, ha firmado un encargo con Red Anagos para revisar el Acuerdo de Gobierno que establece un porcentaje de reserva en la contratación pública a favor de empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social, política amparada en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley de Contratos del Sector Público. El trabajo será desarrollado por el Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias, una iniciativa impulsada por la propia red.
El objetivo de la colaboración es actualizar el marco de compromiso vigente desde 2019, atendiendo a las dificultades encontradas en su aplicación durante estos años y a los cambios en el contexto socioeconómico del archipiélago. Para ello, se prevé un proceso participativo en el que se implicará a responsables técnicos de contratación del propio Gobierno a través de distintos grupos de discusión. A partir de este trabajo de campo, se elaborará una nueva propuesta de Acuerdo de Gobierno que contemple un método de cálculo reformulado, ligada al cumplimiento de objetivos.
Además, se desarrollará un manual práctico para facilitar la incorporación de la perspectiva de la contratación estratégica en las prácticas habituales de los órganos de contratación del Gobierno de Canarias, acompañado de herramientas ya disponibles en el Observatorio. También se diseñará una herramienta digital que permita hacer seguimiento del cumplimiento del acuerdo, incluyendo funcionalidades para el volcado de información sobre licitaciones, contratos menores y subcontrataciones.
El equipo del Observatorio contará, además de con sus recursos propios, con el asesoramiento de expertos de reconocido prestigio como el Dr. Javier Mendoza Jiménez, y con la colaboración de las redes representativas del sector en Canarias: ADEICAN y ARCESSCAN.
Con esta iniciativa, el Gobierno de Canarias refuerza su apuesta por una contratación pública orientada al bien común, que promueva la inclusión laboral y el desarrollo de un tejido económico más justo y sostenible.