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El Tribunal de Contratos de Canarias confirma que únicamente la inscripción registral, acredita a un Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social

8 de octubre de 2026
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El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias avala la exclusión de una empresa de un contrato reservado de HECANSA. La empresa no estaba inscrita como Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social, aunque sus estatutos parecían cumplir los requisitos legales.

El pasado 2 de octubre de 2026, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias dictó la resolución del recurso REMC 156/2026. El Tribunal desestima el recurso de una mercantil contra su exclusión del lote 2 (Gran Canaria) del contrato de servicio de limpieza de Hoteles Escuela de Canarias, S.A. (HECANSA), expediente PA 004/2026. Se trata de un contrato reservado a Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS) y Empresas de Inserción, conforme a la Disposición Adicional Cuarta de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

La resolución viene a confirmar lo que el Observatorio ya explicaba en abril en Iniciativa Social en los Centros Especiales de Empleo: una calificación registral: autodenominarse CEE de Iniciativa Social no habilita para licitar en contratos reservados.

¿Qué pasó en la licitación?

La empresa estaba inscrita en el Registro general de Centros Especiales de Empleo de Canarias, pero no con la calificación de iniciativa social. Para demostrar que sí lo era, aportó escrituras y estatutos con su estructura de propiedad y su compromiso de reinvertir los beneficios. Al principio, la Mesa de Contratación dio por buena esa documentación y propuso adjudicarle el lote.

Otra licitadora presentó alegaciones y los servicios técnicos de HECANSA emitieron un informe. A raíz de ambos, la Mesa retrotrajo las actuaciones y pidió a las empresas en esa situación el certificado o la resolución de inscripción como CEEIS. Ninguna lo aportó. La Mesa propuso entonces excluirlas, y el lote 2 se adjudicó a la siguiente licitadora mejor clasificada.

Las claves de la resolución

  • La inscripción es la única prueba válida. Según el Tribunal, la inscripción en el Registro oficial como CEEIS «constituye la única prueba fehaciente de que una licitadora goza de la naturaleza jurídica de CEEIS y puede concurrir a la licitación de un contrato sujeto a la reserva».
  • Calificar a una empresa como CEEIS no corresponde a la Mesa ni al órgano de contratación. En Canarias, esa competencia es exclusiva de la Subdirección de Economía Social y Emprendimiento del Servicio Canario de Empleo. Ni la Mesa ni el órgano de contratación pueden sustituirla revisando estatutos o escrituras, porque son «manifiestamente incompetentes para realizarla».
  • Es un requisito de habilitación empresarial (arts. 65.2 y 140.4 LCSP). Hay que tenerlo a la fecha de fin del plazo de presentación de ofertas y mantenerlo hasta la formalización del contrato. Además, es indisponible para los pliegos: aunque el pliego no lo diga expresamente, el poder adjudicador está obligado a comprobarlo antes de adjudicar.
  • Admitir a una empresa por su documentación interna es nulo de pleno derecho. El Tribunal califica así la primera validación de la Mesa y considera ajustada a derecho la retroacción posterior. También recuerda que una propuesta de adjudicación no genera derechos a favor de la empresa propuesta.
  • La exclusión es la única salida. Si una licitadora no aporta la prueba de su inscripción como CEEIS, la única decisión posible es excluirla del contrato reservado.

Recomendaciones del Observatorio a los órganos de contratación

  1. En el pliego, indicar expresamente que la reserva es para Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y Empresas de Inserción, no para «CEE» en general.
  2. Exigir, como muy tarde en el requerimiento previo a la adjudicación, el certificado o la resolución de inscripción como CEEIS (o como Empresa de Inserción) en el registro oficial correspondiente, con fecha anterior al fin del plazo de presentación de ofertas.
  3. Consultar los listados públicos del Servicio Canario de Empleo, que distinguen entre CEE de iniciativa social y de iniciativa empresarial.
  4. No admitir a ninguna licitadora por informes de estructura societaria ni por estatutos que no vayan acompañados de esa inscripción.

Con esta resolución, el Tribunal canario se suma a la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Además, da seguridad jurídica a los órganos de contratación y protege la finalidad de la reserva: que estos contratos lleguen a las empresas que reinvierten íntegramente sus beneficios en crear empleo para personas con discapacidad o en situación de exclusión.

Desde el Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias ofrecemos asesoramiento gratuito a cualquier órgano de contratación que quiera revisar sus pliegos o resolver dudas sobre la acreditación de las licitadoras en contratos reservados.

El Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias es una iniciativa de la Red Anagos, que apoyan ADEICAN y EAPN Canarias, y que financia la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias.